miércoles, 25 de noviembre de 2015

Financiación del SAAD y acreditación

La financiación del SAAD corre a cuenta de la AGE, las CCAA y los usuarios, mediante el copago de los servicios y prestaciones. Antes de finalizar el mes de febrero de cada año, el IMSERSO comunica a las CCAA el importe total de las cantidades libradas para la dependencia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en concepto de nivel mínimo. Dicho nivel mínimo lo aporta mensualmente la AGE. La comunicación del IMSERSO corresponde al ejercicio presupuestario anterior, la suma de las liquidaciones mensuales efectuadas, y lo que se conoce como la acreditación.
Las comunidades autónomas, a más tardar el 30 de abril de cada año, deben expedir por su parte un certificado acreditativo de su aportación para la financiación del SAAD, incluida la aportación recibida de los Presupuestos Generales del Estado. Es la correspondiente al ejercicio presupuestario anterior. Dicha certificación debe reflejar la actividad realizada y recogida, tanto en la certificación a que se refiere el artículo 3.c del RD 1050/2013, como en las estadísticas del SISAAD a 31 de diciembre de ese mismo ejercicio. La Ley dice que el contenido mínimo de la certificación debe ser el siguiente:
  1. Expresará el número total de personas beneficiarias atendidas, a través de la percepción de los servicios y prestaciones económicas, diferenciadas por grado.
  2. Especificará el número de servicios y prestaciones económicas realizados con efectividad del derecho, percibidas por los beneficiarios durante todo el año anterior, diferenciando entre las prestaciones económicas y los servicios.
  3. Detalle de las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio presupuestario que se certifica e imputadas al presupuesto de gastos de las CCAA. La certificación será por el total aportado por las CCAA a la dependencia, incluida la aportación de la Administración General del Estado, y especificando las  personas beneficiarias con efectividad de derecho a 31 de diciembre. 
Estas cuestiones no se han aclarado nunca en su totalidad, debido entre otras cosas a que las CCAA no llevan a cabo una contabilidad analítica de los gastos reales de la dependencia. Alegan no diferenciar o desglosar los asuntos de la dependencia de otros servicios sociales. A pesar de todo, fue una de las reclamaciones más serias que hizo al respecto el Tribunal de Cuentas, con motivo de su fiscalización del sistema, pero no se terminó teniendo en cuenta.
El certificado dice la Ley que será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma, responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios.

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