lunes, 30 de noviembre de 2015

Garantía de calidad de los centros de servicios para la dependencia

La LAPAD indica que la competencia para acreditar centros, servicios y entidades de atención a la dependencia corresponde a las Comunidades Autónomas, mientras que el Consejo Territorial (CT) es el que fija los criterios comunes de acreditación.
El Consejo Territorial aprobó el 27 de noviembre de 2008 los criterios comunes para la acreditación de centros.  Dichos criterios son mínimos, debiendo las respectivas administraciones en su ámbito competencial realizar la legislación, reglamentación y la ejecución que proceda.
Criterios comunes de acreditación:
  • Son objeto de acreditación los centros, servicios y entidades privadas, sean concertadas o no.
  • La acreditación implica, la garantía del cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad que establezcan las Administraciones competentes. Para ello se crea un Registro de Centros y Servicios de acuerdo con lo previsto en la Ley.
  • Se trata de atender, de manera específica, la calidad en el empleo así como promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
  • La acreditación de los centros, servicios y entidades privadas concertadas es requisito para que formen parte de la red de centros y servicios del Sistema SAAD.
  • En su incorporación a la red, se tendrá en cuenta de manera especial los centros correspondientes al tercer sector.
  • La acreditación de los centros privados no concertadas es la condición que prevé la Ley para que puedan prestar servicios a personas en situación de dependencia y que éstas puedan percibir la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.
  • La acreditación sólo tendrá efectos en el ámbito territorial de la Administración que acredite.
Contenidos de acreditación
Se establecen requisitos y estándares, teniendo en cuenta el número de plazas, la intensidad en la prestación, la tipología de recursos y los servicios que deben ofrecer.
Requisitos y estándares de calidad en ámbitos como:
a) Recursos materiales y equipamientos de los centros
b) Recursos humanos suficientes y capacitados para garantizar la adecuada prestación del servicio. Número de profesionales, su formación y su actualización en el desempeño de la actividad. Para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, se fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación, acreditada a través de los correspondientes Títulos de Formación Profesional, Certificados de Profesionalidad o vías equivalentes.
 Los Directores o Directoras de los Centros deberán contar con titulación universitaria y haber realizado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de Centros Residenciales, u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia, salvo en los puestos ya ocupados, en los que el Director o Directora tendrá como mínimo 3 años de experiencia en el sector y contará con la formación complementaria anteriormente reseñada.
Los Cuidadores y Cuidadoras, Gerocultores y Gerocultoras o categorías profesionales similares deberán acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido, Técnico de Atención Sociosanitaria, y el Certificado de Profesionalidad, de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales).
Quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas con gran dependencia y los/as Auxiliares de Ayuda a Domicilio, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
La Ley dice que los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales anteriormente reseñados serán exigibles progresivamente debiendo contar los centros con los estándares establecidos a finales del 2015.
En cuanto a Documentación e información
Se requerirá que los centros, servicios y entidades dispongan al menos de:
  • Reglamento de Régimen Interior que incluya los derechos y deberes de los usuarios y su participación, en su caso.
  • Plan de Gestión de Calidad, que incluya el mapa de procesos, procedimientos y protocolos de actuación, referidos al usuario y a la familia, a los servicios, a los recursos humanos, e indicadores mínimos asociados.
  • Carta de servicios que recoja las prestaciones que ofrece y los compromisos con las personas en situación de dependencia y sus familiares, en su caso.
  • Documentación referida al usuario, que recoja los objetivos, plan de trabajo interdisciplinar e intervenciones, así como la evaluación de los resultados en cuanto a mejora de su calidad de vida.
  • Documentación referida al propio centro, servicio o entidad.
  • Plan de emergencia.
  • Documentación referida a los profesionales.
  • Protocolos de actuación si no van incluidos en el plan de gestión de calidad.
  • Información a remitir a los órganos competentes, procedimientos y periodicidad en la remisión.
  • Información, en formato accesible, a suministrar a la persona en situación de dependencia y/o a sus familiares o tutores en lenguaje comprensible.
  • Información referida a las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad del centro o servicio.
Se exigirá garantía de privacidad de los datos referidos a las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre).
Accesibilidad
Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, tanto de los edificios y dependencias, como de los entornos propios del Centro de trabajo, los procesos y los procedimientos donde o por medio de los cuales se preste o se acceda al servicio. Se prestará especial atención a la accesibilidad para los distintos tipos de discapacidad.
Asimismo, incluirán indicaciones, cuando proceda, de las medidas que favorezcan los aspectos sociales y medioambientales, de acuerdo a la legislación vigente en materia de contratos del sector público.
Calidad en el empleo
Para garantizarla se exigirá entre otros, los de estabilidad en el empleo, formación, prevención de riesgos laborales, adaptación de puestos de trabajo para discapacidad, etc.). Las Administraciones competentes establecerán las exigencias en la contratación de los servicios que permitan dar cumplimiento a los objetivos que se fijen para la calidad en el empleo.
Mejora progresiva de la calidad
Los centros deberán someterse a los estándares de calidad exigidos. Para ello, deberán converger mejorando progresivamente el derecho reconocido a las personas en situación de dependencia a acceder en condiciones de igualdad al catálogo de servicios previstos en la LAPAD, con independencia del lugar del territorio del Estado donde residan. Las exigencias mínimas de calidad han de garantizarse con independencia de la titularidad de los centros de servicios.
Estas normas serán exigibles a los nuevos centros desde el comienzo de su actividad. También  podrá incorporarse la exigencia de algún sistema de certificación, evaluación externa, auditoría de calidad, modelo de calidad, compromiso de plan de mejora, etc.
 Estas y otras cuestiones se desarrollan en la RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008 y en la Resolución de 3 de noviembre de 2015.



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