miércoles, 18 de noviembre de 2015

Competencias de las Administraciones Públicas en la Dependencia

LaLey de Dependencia (LAPAD) configura el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), establece en su seno la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, y lo hace a través de los diversos niveles de protección en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios a los dependientes.
El SAAD garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la LAPAD. Sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia y optimiza los recursos públicos y privados disponibles, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las personas dependientes.
El Sistema SAAD se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.
La cooperación entre las AAPP se concreta en la creación del SAAD, en el que pueden participar también las Corporaciones Locales. La LAPAD indica que las AAPP deberán ejercer sus competencias en una acción coordinada y cooperativa. Se refiere a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a los municipios que presten servicios a las personas dependientes. En el seno del CT se deciden las medidas que afectan a todas las áreas relacionadas con la dependencia.
Se trata de crear un marco de cooperación interadministrativa, a desarrollar mediante convenios entre la AGE y cada una de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema, el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones.
La AGE tiene competencias exclusivas en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Las CCAA cuentan con las competencias plenas para poner en marcha, desarrollar y controlar el sistema de la dependencia (SAAD).
En lo referente a la financiación del sistema, la LAPAD establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. En un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las CCAA, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas pueden desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.
La naturaleza del objeto de la LAPAD requiere un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación entre la AGE y las Comunidades Autónomas es un elemento fundamental. Por ello, la ley establece una serie de mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, entre los que destaca la creación del SAAD y el sistema de información SISAAD.
En el seno del SAAD deben desarrollarse, a través del acuerdo entre las administraciones, las funciones de crear un marco de cooperación interadministrativa, fijar la intensidad de los servicios del catálogo, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia, aspectos que deben permitir el posterior despliegue del Sistema a través de los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas.
La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de dependencia en cada CCAA y de los servicios y prestaciones previstos en la LAPAD, a la par que se indica que la misma ha de ser estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas. En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección, en función de todas las personas en situación de dependencia, tal y como lo contempla la LAPAD.
El Sistema tratará de atender de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia. La LAPAD dice que los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva, en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se prestan y el coste de los mismos (copago).