jueves, 12 de noviembre de 2015

Ley de Dependencia (LAPAD)

Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen derechos como el de igualdad a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia. Lo permite mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que colaboran y participan todas las Administraciones Públicas. 
La Administración General del Estado es la que garantiza un contenido común mínimo de derechos para todos los ciudadanos. Se ocupa, por tanto, de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y reconoce a las mismas los derechos de igualdad, proclamando la necesidad de promocionar su autonomía personal.
Las CCAA son las que cuentan con las competencias para  el desarrollo, la ejecución y el mantenimiento de la Ley de Dependencia.
Principios que inspira la Ley de Dependencia (LAPAD)
Se centra en las necesidades de los dependientes, su situación de especial vulnerabilidad, y ello requiere, dice, de los apoyos públicos necesarios para desarrollar las actividades esenciales de su vida diaria y para poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Contempla, por tanto, un sistema de prestaciones que propician la igualdad entre todos los ciudadanos españoles y garantiza la Autonomía y Atención a la Dependencia a todos los que la precisen.
Garantiza igualmente la universalidad en el acceso a todas esas prestaciones, lo hace en condiciones de igualdad efectiva y de no discriminación,  conforme a las condiciones de igualdad que establece la Constitución.
Sistema de atención
La Ley indica que el sistema de atención ha de ser transversal, para todas las personas en situación de dependencia. Ha de valorar las necesidades de dichas personas, atendiendo a criterios de equidad, y garantizando la igualdad real entre todas ellas.
Especifica que la atención ha de ser personalizada, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. Para ello, establece las medidas adecuadas para la prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.
La LAPAD trata de promocionar, por tanto, las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible, permaneciendo en el entorno en el que desarrollan su vida.
Garantías de la Ley
La Ley contempla los principios que garantizan la calidad, sostenibilidad y accesibilidad a los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. Para ello promociona la participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen, en los términos previstos en la misma.
La Ley recaba la colaboración de los servicios sociales y sanitarios para la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema. También admite la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia, así como la del Tercer Sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia y la cooperación interadministrativa.
Sus servicios y prestaciones se integran en la red de servicios sociales
Promueve la integración de las prestaciones establecidas en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante los centros y servicios públicos o privados concertados.
Entre sus principios establece que las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. LA LAPAD recaba también la inclusión en la misma de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
Respecto a la necesidad de servicios a las personas dependientes, decir que, en España, un 9% de la población registra alguna discapacidad o limitación que le ha causado o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades. En ese sentido, la LAPAD garantiza a los ciudadanos un marco de recursos y servicios para la atención de su dependencia, comprometiendo a todos los poderes públicos para promover y dotar los recursos necesarios de cara a hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantista y plenamente universal.

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