miércoles, 25 de noviembre de 2015

Asignación del nivel mínimo de protección a las comunidades autónomas

Tras el reconocimiento del derecho a la dependencia, a todo ciudadano le corresponde un nivel mínimo de protección que lo garantiza la Administración General del Estado (AGE). La AGE abona todos los mes a las CCAA el nivel mínimo que les corresponde a todos los dependientes reconocidos dentro de su territorio, previo la acreditación de los mismos por esa CCAA.

El artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dispone que el Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada una de las personas beneficiarias del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. En su apartado 2 establece que la financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado.
En desarrollo de lo anterior se aprobó el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El artículo 4.1 del Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, establece que la asignación financiera del nivel mínimo de protección a cada comunidad autónoma se efectúa mensualmente considerando tres variables: el número de beneficiarios, el grado de dependencia así como el número y tipo de prestaciones, establecidas en el capítulo II del título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Asimismo el citado real decreto regula que la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para cada persona beneficiaria del Sistema con resolución de grado III, Gran Dependencia; grado II, Dependencia Severa y grado I, Dependencia Moderada, será la establecida en la disposición transitoria undécima, apartado 2, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (ley de los recortes) de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a partir del 1 de enero de 2018 la cuantías serán las siguientes:


Grado
Mínimo de protección
Grado III Gran Dependencia
190,13 €
Grado II Dependencia Severa
84,49 €
Grado I Dependencia Moderada
47,38 €

2. La aplicación conjunta de las tres variables de asignación mencionadas se realiza conforme a los siguientes criterios:
a) Se considera que cada beneficiario ha sido únicamente perceptor de una prestación.
b) Las prestaciones deben estar efectivamente reconocidas y acreditadas.
c) A estos efectos, todas las prestaciones del SAAD tienen la consideración de prestaciones de servicios, con excepción de la prestación para cuidados en el entorno familiar, que tiene la consideración de prestación económica
d) Cuando la prestación económica para cuidados en el entorno familiar esté complementada con una prestación de servicios para apoyo y atención domiciliaria a la persona dependiente y ésta alcance la intensidad mínima para cada grado de dependencia, se considerará que la suma de ambas prestaciones equivale a una de servicios y si no alcanza la intensidad mínima se considerará como prestación económica.
3. La asignación del nivel mínimo de protección comprende un periodo mensual de liquidación que comprende desde el día 26 de cada mes al día 25 del mes siguiente. Será el resultado de sumar, para cada una de ellas, las dotaciones obtenidas conforme a lo establecido en los párrafos a) y b) siguientes:
a) La dotación a asignar a cada comunidad autónoma se calcula por el cómputo de las variables de número de beneficiarios y grado de dependencia. Los criterios se establecen en la disposición transitoria undécima, apartado 2, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ponderando el resultado total por un coeficiente de 0,5.
b) En segundo lugar, se calculará la dotación a asignar a cada comunidad autónoma por la variable del número y tipo de prestaciones reconocidas a los beneficiarios, ponderándose positivamente los servicios del catálogo y las restantes prestaciones económicas del capítulo II del título I de la la LAPAD respecto a las prestaciones por cuidados en el entorno familiar. Para ello se utilizará el siguiente procedimiento:
i) Se determinará la dotación inicial a repartir entre todas las comunidades autónomas según las variables previstas en el párrafo a) anterior, ponderada por el coeficiente de 0,5.
ii) Una vez calculada la dotación del inciso i) anterior, la dotación a asignar a cada comunidad autónoma será el resultado de la siguiente fórmula: 
   
Zx = A * B *
(
C
)
; donde:
D

Zx = dotación de la comunidad autónoma X.
A = dotación inicial a repartir establecida en el inciso i).
B = porcentaje de participación relativo de las prestaciones reconocidas en la comunidad autónoma X respecto al total de las comunidades autónomas, conforme a los criterios establecidos en el apartado 2.
C = porcentaje de participación relativo dentro de la comunidad autónoma X de las prestaciones de servicios respecto al total de prestaciones en ésta, considerando los criterios establecidos en el apartado 2.
D = porcentaje de participación relativo para el total agregado de las comunidades autónomas de las prestaciones de servicios respecto al total de prestaciones, considerando los criterios establecidos en el apartado 2.

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