martes, 24 de noviembre de 2015

Prestaciones económicas, cuantías máximas y revisión

Las prestaciones económicas que pueden percibir las personas dependientes se otorgan en función del grado de dependencia y pueden oscilar entre unas cantidades mínimas y máximas. Dependerá de la Administración Pública que las otorgue. Las mínimas las garantiza la Administración General del Estado (AGE), pero dichas cuantías pueden ser incrementadas por las CCAA, corriendo de su cuenta el importe que las supera.
Las cuantías máximas de las prestaciones económicas del SAAD se revisan por el Gobierno mediante real decreto, previo acuerdo del Consejo Territorial (CT) para los grados con derecho a prestaciones.
No obstante, la LAPAD dice que del importe a percibir por alguna de las prestaciones económicas previstas se deducirá cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social.
A los efectos de lo previsto en los artículos 2.5, 14.4 y 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales tiene carácter excepcional.
La LAPAD dice que las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia.
Las personas que fallecieran en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud sin haberse dictado resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la condición de persona beneficiaria y no generarán ningún derecho.
Recorte de las cuantías máximas
El Consejo Territorial aprobó respecto a las cuantías máximas el texto hecho público en la Resolución de 13 de julio de 2013. En la misma se fijaban entre otras cuestiones que las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar se debían reducir a partir de ese momento en un 15%.
De este modo, el CT contestaba al Gobierno en su solicitud de ahorro para reducir el déficit público. No obstante, en el acuerdo del CT se indicaba que, las Comunidades Autónomas, en función de sus necesidades de financiación y presupuestarias y al tratarse de cuantías máximas, podían aumentar este porcentaje de reducción, comunicándolo al IMSERSO, a través del SISAAD. En definitiva, que podían sumarse a los recortes emprendidos por el Gobierno, al menos en las cuantías máximas.
Por lo que se refiere al nivel mínimo de protección también se reducían por parte del Gobierno un 12% las cuantías, pero para estimular la prestación de servicios profesionalizados, generadores de empleo y actividad económica, el CT consideraba oportuno que la distribución de los créditos para la dependencia incorporaran, de forma progresiva, una variable que ponderara positivamente la prestación de servicios frente a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Así, indicaba que la distribución entre las Comunidades Autónomas del nivel mínimo de protección se efectuaría conforme al número de beneficiarios del Sistema y la cuantía por grado de dependencia reconocida para cada uno de ellos, ponderando positivamente además la prestación de servicios respecto a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Para ello, se acordó efectuar cambios en los criterios de asignación de la financiación del nivel mínimo establecido en el artículo 9 de la Ley. Con ello, se perseguía hacer evolucionar el sistema. Hasta entonces, el SAAD asignaba el nivel mínimo a las comunidades autónomas considerando el número de beneficiarios de éstas y su grado/nivel de dependencia. La evolución de ese momento consistía en transitar hacia otro modelo que también incorporara las prestaciones de servicios reconocidas como variable adicional de asignación financiera.
De este modo, se pronunciaba en los siguientes términos: “El reparto del nivel mínimo indica que debe evolucionar progresivamente a lo largo de cinco años, estableciendo una evolución temporal en la implantación de la distribución por beneficiarios y por prestaciones, según se indica en el siguiente cuadro”:
Año de aplicación del sistema de asignación del nivel mínimo
Porcentajes de distribución del nivel mínimo
Reparto por beneficiarios
Reparto por prestaciones
Primero
90 %
10 %
Segundo
80 %
20 %
Tercero
70 %
30 %
Cuarto
60 %
40 %
Quinto y siguientes
50 %
50 %

Desarrollo legislativo en la materia
El artículo 10.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia dispone que el Gobierno, mediante real decreto, aprobará los criterios establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia determinando la intensidad de protección de los servicios y la compatibilidad entre los mismos. El artículo 20 de la citada ley establece que, las cuantías de las prestaciones económicas, una vez acordadas por el Consejo Territorial, serán aprobadas por el Gobierno mediante real decreto.
El Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, fijó los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006.
Con posterioridad este decreto fue modificado por el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, y por el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril. El RD 175/2011 incorporó los criterios sobre las intensidades de protección de los servicios, el importe de las prestaciones económicas y los requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que puedan reconocerse a las personas en situación de dependencia en grado I, de dependencia moderada, ya que durante 2011 tuvieron acceso estos dependientes al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, reguló un nuevo indicador de actualización de la cuantía de las prestaciones económicas e incorporó una disposición relativa a las cuotas a la Seguridad Social y por Formación Profesional derivadas de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Asimismo estableció las prestaciones económicas de la Ley para el ejercicio 2011.
El Consejo Territorial, en la reunión mantenida el 10 de julio de 2012 aprobó la evaluación de resultados prevista en la disposición final primera de la Ley 39/2006, y las propuestas de mejora necesarias para asegurar la sostenibilidad presente y futura del Sistema, incorporando la modificación de la clasificación de la situación de dependencia, las intensidades del servicio de ayuda a domicilio, la ampliación de la prestación económica de asistencia personal, la mejora en el procedimiento y la transparencia en la gestión, así como en el Sistema de Información. También aprobó la revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, el establecimiento de criterios comunes en la asignación de prestaciones en casos de fallecimiento de la persona en situación de dependencia y de Planes de Prevención de las situaciones de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo medidas urgentes para corregir los desequilibrios que se habían producido en el SAAD, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad (recortes). Asimismo dispuso la necesidad de establecer un mayor equilibrio entre las prestaciones económicas y los servicios del catálogo.
Todo ello se recoge el RD 1051/2013 que unifica todas las normas relativas a las prestaciones y servicios que han sido dictadas en desarrollo de la LAPAD, con la finalidad de ordenar, simplificar y actualizar la normativa en un único texto.

Establece igualmente la regulación de las prestaciones del SAAD, y determina las intensidades de protección de los servicios, compatibilidades e incompatibilidades entre los mismos y asegura la excepcionalidad de la prestación de cuidados en el entorno familiar. A pesar de todo, la comunidad autónoma o Administración que tenga la competencia podrá dictar las disposiciones normativas que resulten necesarias para la aplicación de este real decreto.


No hay comentarios:

Publicar un comentario