miércoles, 25 de noviembre de 2015

Prestaciones económicas y efectos retroactivos

La LAPAD, en su artículo 7, establece  que la protección de la situación de dependencia se presta conforme a tres niveles: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado; un nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas; y un nivel adicional que pueden establecer, por su parte, las Comunidades Autónomas, con cargo a sus presupuestos.
Plazo de resolución
A partir del 1 de junio de 2010, el plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria pasa a ser de seis meses, a contar desde la fecha de la solicitud; esto, con independientemente de que las CCAA o la administración competente hubiera regulado uno o dos procedimientos diferenciados (RD 8/2010).
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir. No obstante, el derecho a percibir la prestación económica se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses, aunque no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación que corresponda. Otra cosa son los retrasos que se acumulan en dichas prestaciones y que se acumulan.
Retrasos acumulados
El plazo máximo para percibir los derechos es de seis meses pero el pago de las prestaciones, por ejemplo, se puede retrasar. En ese caso, las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años con la nueva ley (RD 8/2010).
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones y servicios se genera a partir de la resolución en la que se reconoce la prestación a percibir por la persona beneficiaria (PIA), no desde que se solicita como ocurría con anterioridad, y los retrasos se legalizan. Con ello, la detracción económica a las personas dependientes es importante. Para evitar más recursos maliciosos de las AAPP, la Ley dice que el derecho a percibir la prestación se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses desde la solicitud, aunque no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación por parte de la CCAA.
Una vez concedida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la Administración General del Estado financia el nivel mínimo de protección correspondiente a los efectos retroactivos anteriores al 15 de julio de 2012, siempre que estén reconocidos por resolución administrativa (PIA). No obstante, dejará en suspenso la financiación de este nivel de nuevo, tras la entrada en vigor de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ley de los recortes).
Desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales deja de producir efectos retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha no hayan comenzado a percibir todavía dichas  prestaciones económicas.
A partir del 13 de julio del 2012, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar quedaron sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años, a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir la prestación.
Con la aprobación del RDL 20/2012 las cuantías pendientes de abono por parte de las AAPP a las personas dependientes pueden aplazarse de nuevo. Si el RD 8/2010 establecía un plazo máximo de cinco año de aplazamiento, el RDL/20/2012 lo amplía de nuevo a 8, si las CCAA desean acogerse a ello.

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