martes, 17 de noviembre de 2015

Principios rectores de la Ley de Dependencia

La LAPAD define los principios rectores que han de regir el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de las personas dependientes y plantea los siguientes principios:
  • Las prestaciones del Sistema deben ser de carácter público.
  • El acceso a los servicios y ayudas tiene carácter universal.
  • La atención debe ser integral e integrada para todas las personas en situación de dependencia.
  • Las políticas de atención a estas personas deben tener carácter transversal.
  • La valoración de las necesidades de las personas se realizará atendiendo a criterios de equidad y garantizando la igualdad real.
  • La personalización de la atención se priorizará teniendo en cuenta la situación de quienes requieren de mayor acción positiva, como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades.
  • La ley garantiza el establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.
  • Trata de que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
  • Procura que la permanencia de las personas en situación de dependencia sea, en lo posible, en el entorno en el que viven.
  • Pretende la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
  • Promueve la participación de las personas en situación de dependencia o sus familias o representantes legales en entidades que les representen.
  • La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del SAAD que se establecen en la Ley y en las correspondientes normas de las CCCAA y las aplicables a las Entidades Locales. 
  • La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones.
  • Promueve la participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
  • La cooperación interadministrativa.
  • La integración de las prestaciones establecidas en la Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en centros y servicios públicos o privados concertados.
  • La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
  • Indica que las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente al resto.

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