viernes, 20 de noviembre de 2015

Recortes en los servicios y ayudas a la dependencia

El primer recorte a la dependencia se produce con el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Lo aprobaba el Gobierno de Zapatero.
Con él, a partir del 1 de junio de 2010 cambia el plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria. En ese momento pasa a ser de seis meses, a contar desde la fecha de la solicitud.
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria.
No obstante, el derecho a percibir la prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses y no desde la fecha de solicitud como ocurría con anteriorirdad.

Como había muchas cantidades pendientes de abono a los dependientes por parte de la AAPP, el real decreto dice que las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.
El Gobierno del PP, al año de formarse, ya había tomado sus medidas más importantes contra la dependencia. En ese espacio de tiempo tomó tres decisiones que fueron letales para la LAPAD y los dependientes. Para recortar derechos (modificó el calendario de implantación de la Ley) y con ello retrasó la atención de los denominados dependientes moderados hasta medidos del 2015. Para recortar gastos, suprimió el nivel acordado dejando de ingresar de un plumazo las CCAA 283 millones de euros anuales. La supresión se ha ido sucediendo año a año en las respectivas Leyes de Presupuestos de cada año y el principal ataque se produjo a mediados del 2012 con la publicación del RDL 20/2012, la madre de todos los recortes. Con dicha medida modificó 14 artículos de la LAPAD afectando a los siguientes apartados:
  • Redujo un 15% la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. La reducción afectó en aquel momento a más de 400.000 personas que según algunas estimaciones perdían en torno a 55 euros al mes.
  • Se suspendió durante tres años la incorporación de dependientes de Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y se simplificó la valoración. Quedaban reconocidos los Grados, pero desaparecían los niveles.
  • Se incrementan los copagos de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir. El copago, desde ese momento se fue incrementando de forma importante, a medida que se iba reduciendo la aportación de la AGE al Sistema.
  • Las atenciones mediante servicios empeoraron, debido a que se redujo en horas su intensidad. Se rebajaba sustancialmente la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio.
  • Se crea un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar.
  • Se suspende la retroactividad de estas prestaciones para aquellas personas que ya les pertenecían derechos retroactivos. 
  • Las cuantías devengadas se pueden abonar a partir de ese momento a plazos durante los próximos ocho años.Se eliminan las compatibilidades entre servicios, lo que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.
  • Se elimina el modelo de cotizaciones a la Seguridad Social por parte del IMSERSO a los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión supuso que 146.000 (94% mujeres) de las 170.000 que cotizaban dejaran de hacerlo.
  • En materia de financiación del sistema, se reduce en más de un 13% las cuantías a entregar por la AGE a las CCAA en el llamado nivel mínimo (el nivel acordado ya había sido suprimido).
El Real Decreto1051/2013, de 27 de diciembre, unificaría más tarde todas las normas relativas a las prestaciones y servicios que habían sido dictadas en desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. En ese sentido, estableció la regulación de las prestaciones del SAAD, determinando las intensidades de protección de los servicios, compatibilidades e incompatibilidades entre los mismos y asegurando la excepcionalidad de la prestación de cuidados en el entorno familiar.
En esta línea indica que las CCAA o Administración que, en su caso, tenga la competencia, podrá dictar las disposiciones normativas que resulten necesarias para la aplicación de este Real Decreto 1051/2013. En él se recogen y contemplan ya todos los recortes aplicados.