jueves, 19 de noviembre de 2015

Valoración de la dependencia en grados

El Consejo Territorial , entre sus múltiples funciones, tiene la de acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración para la dependencia en las Comunidades Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.

El empleo de Grados en dependencia se hace a efectos de valorar y clasificar a las personas dependientes, en función de la gravedad de su enfermedad. El  Grado de dependencia se determina mediante la aplicación del baremo que se acuerda en el CT para su posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tiene entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud.
Tras la aprobación y puesta en marcha de la LAPAD, la dependencia se clasificaba en grados y niveles. Posteriormente quedaron solamente los grados, tras la aplicación del RDL 20/2012 (Ley de recortes). Entre los grados se distinguen tres tipos:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
En la puesta en marcha de la LAPAD, cada uno de los grados de dependencia establecidos se clasificaban  en dos niveles (Niveles 1 y 2), siguiendo el baremo acordado en aquel momento. Después,  el Gobierno publicó el Real Decreto que lo hacía universal para todas las CCAA. Dicho baremo tenía entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud.
La valoración se realizaba y realiza teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona, sobre el entorno en el que vive y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le habían sido prescritas con anterioridad.
El RDL 20/2012 vino a aplicar los recortes en el gasto de muchas cuestiones; entre ellas, los asuntos sociales, y estableció recortes a la dependencia mediante la derogación y reforma de alguno de los artículos de la LAPAD (14) o modificando parcial o totalmente otros. En el tema de los grados decía lo siguiente:
“La actual clasificación en grados y niveles de la situación de dependencia no ha significado una diferenciación en las prestaciones y servicios que se reconocen a las personas beneficiarias dentro de un mismo grado e, incluso, entre niveles próximos de distintos grados. Ello ha producido continuos procesos de revisión de la valoración, que ha hecho destinar recursos y tiempo que podrían haberse dedicado a la valoración de las personas con mayor grado de dependencia. Para solventarlo, se establece una nueva estructura manteniendo los tres grados en los que se clasifica la situación de dependencia, pero sin niveles, lo que simplificará la gestión, permitirá atender de forma prioritaria a las personas con un mayor grado de dependencia que están pendientes de recibir atención y mejorará el proceso de valoración de la dependencia y el procedimiento para el acceso a las prestaciones”. No menciona los recortes que se introdujeron con esta medida.
El artículo 30 del RDL 20/2012 establecía también el procedimiento de revisión de los grados e indicaba que serán revisables siempre a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
  1. Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
  2. Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.»
Una vez anulados los niveles, la Disposición transitoria octava del RDL 20/2012  indicaba que quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tengan reconocido un grado y nivel de dependencia no precisarán de un nuevo reconocimiento de su situación de dependencia a efectos de la clasificación por grados establecida en este real decreto-ley.
No obstante, en caso de revisión posterior del grado y nivel de dependencia que tuvieran reconocido, la valoración resultante se adaptará a la nueva estructura de grados recogida en el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. De este modo desaparecían los niveles y esto ha provocaba problemas importantes de interpretación, sobre todo a la hora de las revisiones  y la correspondiente percepción de servicios y prestaciones.

Revisión
Puede revisarse en todo momento, cumpliendo los requisitos que marca la ley. Podrá hacerse en todos los casos:
  • A instancia del interesado y de sus representantes legales.
  • De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas.
  • Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.