lunes, 21 de diciembre de 2015

Financiación del sistema SAAD

El SAAD, para su funcionamiento, necesita de fuentes de financiación. En la misma participan la Administración General del Estado (AGE), las CCAA y la aportación de los beneficiarios vía copago. La AGE  garantiza una financiación mínima para todas las personas dependientes, en función de su grado de dependencia. Un segundo nivel es el acordado entre la AGE y las CCAA. Finalmente, mediante copago, los dependientes aportan una parte de los gastos de los servicios que perciben. Todas estas cuestiones se recogen en el artículo 7 de la LAPAD.
El artículo 9 de la misma indica que el Gobierno, oído el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (CT), determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios reconocidos en el Sistema SAAD. Se reconocerá en función de su grado y nivel de dependencia  y las aportaciones que les correspondan serán abonado todos los meses por la AGE a las CCAA, a efectos de  su redistribución entre los afectados.
El Gobierno es el que fija también, mediante decreto, el máximo de las ayuda que pueden percibir las personas dependientes en sus CCAA correspondientes. La diferencia entre el nivel mínimo(que garantiza la AGE) y el máximo de financiación por persona dependiente la aportan las CCAA.
Así, el artículo 32.2 de la LAPAD establece que la Administración General del Estado (AGE) asumirá el coste del nivel mínimo de protección, a fin de garantizar una igualdad de trato para todos los españoles. Las CCAA pueden incrementar  ese nivel mínimo en lo que consideren oportuno, pero sin sobrepasar los niveles máximos marcados por el Gobierno mediante RD. Por tanto, las dos Administraciones Públicas deberán fijar anualmente los recursos económicos necesarios en la Ley de Presupuestos Generales.
Por otro lado, el artículo 10 de la LAPADD contempla la cooperación interadministrativa de las Administraciones Públicas (AGE y CCAA) a la hora de fijar los presupuestos para la LAPAD y los Convenios que puedan suscribirse entre las mismas. En dichos convenios (segundo nivel de financiación, el conocido como nivel acordado) se determinan las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones. Dichos Convenios, que la LAPAD dice que podrán ser anuales o plurianuales. Se someten a criterios de reparto:
  1. Teniendo en cuenta la población dependiente de cada CCAA.
  2. Su dispersión geográfica.
  3. La insularidad.
  4. A los emigrantes retornados y otros factores.

Todos los convenios concertados pueden ser revisados por las partes y la aportación de cada una de las CCAA en su territorio será, al menos, igual a la de la Administración General del Estado. El nivel acodado se suprimió ya en la Ley de Presupuestos del 2012 y no ha vuelto a concertarse.
El nivel mínimo de protección se reguló inicialmente por el Real Decreto 614/2007, con lo que, a partir de ese momento, se hacía posible el acceso a las prestaciones de dependencia en condiciones de igualdad y en todo el territorio del Estado. La gestión de estos recursos económicos mínimos ha correspondido siempre a las CCAA. La cuantía la entrega mensualmente la AGE, en función del reconocimiento del grado y nivel de dependencia de los afectados que tienen reconocidos cada CCAA.
La AGE siempre ha sido la encargada de provisionar pues los fondos mínimos a las CCAA. Las dotaciones vienen consignadas cada año en los Presupuestos Generales del Estado y para regular todo el sistema, el Gobierno se comprometió en su día a fijar criterios mediante Real decreto en cuestiones como:
  1. Las intensidades de los servicios.
  2. La compatibilidad e incompatibilidad entre los Servicios.
  3. La cuantía de las prestaciones económicas de los niveles mínimo y acordado a que se refieren los artículos 10.3 y 20 de la LAPAD.
  4. A asumir las cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores no profesionales a que se refiere el artículo 18.3 de la LD (que sería anulado más tarde con los recortes del RDL 20/2012).

El RD 614/2007 fue el primero que fijaba el nivel mínimo de protección para el año 2007 y, en él, la AGE se comprometía a liberar mensualmente los créditos necesarios a las CCAA para atender a la dependencia. El abono era una doceava partes del total anual, según el número de beneficiarios con derecho a prestación, procediéndose a su regularización con carácter trimestral. Para ello, las CCAA debían informar a la AGE de todas las cuestiones referentes a las personas dependientes, a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del  SISAAD, dependiente del IMSERSO.
La Ley indicaba, además, que las cuantías señaladas para el 2007 se actualizarían anualmente, mediante real decreto, tras aplicar a las anteriores el incremento establecido por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, determinó el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para el ejercicio 2008. Lo hacía en función de la atención progresiva que se había establecido a la hora de implantar el servicio en el Grado III (nivel 1 y 2) y los beneficiarios valorados en el Grado II, nivel 2 (según el calendario de aplicación de la Ley, establecido en la propia LAPAD). Ese año, las nuevas cantidades se fijaron aplicando el incremento del 2,04%, establecido en la Ley 51/2007, para el año 2008. La aportación total máxima estimada de la Administración General del Estado, según los Presupuestos Generales del Estado del 2008, fue de 870.998.370 €.
El Real Decreto 6/2008 fue modificado por el Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, en concreto en su apartado 2 del artículo único, ampliando las cuantías conforme al IPREM. Las cantidades quedaron fijadas como sigue.


Grado y Nivel Mínimo de protección garantizado
Euros
Grado III Gran Dependencia Nivel 2
258,75
Grado III Gran Dependencia Nivel 1
175,95
Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2
100,00

Los principios establecidos por el Real Decreto 614/2007 fueron derogados posteriormente por el RD 1050/2013 actualmente vigente, dictado por el Gobierno del PP. En él se marcan nuevos requisitos para la asignación del nivel mínimo a la dependencia, indicando que la Administración General del Estado seguirá asignando mensualmente a las comunidades autónomas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
  • Que el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia haya sido iniciado a petición de la persona interesada o de quien ostente su representación antes de la liquidación.
  • Que la situación de dependencia se haya reconocido mediante un Plan Individualizado de Asistencia (PIA). 
  • En caso de que se proceda a la revisión del grado de dependencia por alguna de las causas previstas, se aplicará el baremo de valoración de la situación de dependencia vigente en el momento de la revisión.
  • Exige que todo ello se acredite mediante la correspondiente certificación mensual de las CCAA ante el SISAAD, certificación expedida por la persona titular responsable de la gestión de la dependencia en la CCAA correspondiente; especificando que cada beneficiario que se cita ha comenzado a recibir el respectivo servicio o prestación económica, así como la obligación, en su caso, de aportación económica por parte del beneficiario. También se especificarán según la ley las altas, bajas, traslados, revisiones, suspensión de la prestación y otras modificaciones producidas en el periodo al que se refiera la certificación.
  • Además, solicita que todos los datos y el contenido de las resoluciones de reconocimiento (PIA) se incorporen por las CCAA al Sistema de Información (SISAAD) y se encuentren efectivamente recogidas en dicho sistema.
En el SISAAD deberán figurar los siguientes datos
  • El grado de las personas beneficiarias.
  • La prestación reconocida.
  • La fecha de efectividad del derecho.
  • La capacidad económica (renta y patrimonio) del beneficiario, y su aportación en el coste del servicio, copago.
  • La incorporación al SISAAD de los datos se realizará por las comunidades autónomas, a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del SISAAD.
¿Cómo se asigna el nivel mínimo en la actualidad?
La asignación financiera del nivel mínimo de protección a cada CCAA se efectúa mensualmente, considerando tres variables:
  • El número de beneficiarios.
  • El grado de dependencia de cada beneficiario.
  • El número y tipo de prestaciones, establecidas para los mismos.
La aplicación conjunta de las tres variables de asignación se realiza conforme a los siguientes criterios:
  • Considerando que cada beneficiario ha sido únicamente perceptor de una prestación.
  • Las prestaciones deben estar efectivamente reconocidas y acreditadas.
  • Todas las prestaciones del SAAD tienen la consideración de prestaciones de servicios, con excepción de la prestación para cuidados en el entorno familiar, que tiene la consideración de prestación económica.
Cuando la prestación económica para cuidados en el entorno familiar esté complementada con una prestación de servicios para apoyo y atención domiciliaria a la persona dependiente y ésta alcance la intensidad mínima para cada grado de dependencia, se considerará que la suma de ambas equivale a una de servicios y si no alcanza la intensidad mínima se considerará como prestación económica.
La asignación del nivel mínimo de protección para cada comunidad autónoma se computará desde el día 26 de cada mes, al día 25 del mes siguiente. Por tanto, será el resultado de sumar, para cada una de ellas, las dotaciones obtenidas conforme a lo establecido en los dos párrafos siguientes:
  • La dotación a asignar por la AGE a cada CCAA se calculará por el cómputo de las variables de número de beneficiarios y grado de dependencia.
  • En segundo lugar se calculará la dotación a asignar a cada CCAA por la variable del número y tipo de prestaciones reconocidas a los beneficiarios, ponderándose positivamente los servicios del catálogo y las restantes prestaciones económicas del capítulo II del título I de la LD.
La aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección se establece finalmente con el Real Decreto ley 20/2012, conocido como ley de los recortes. Lo hace en su disposición transitoria undécima, apartado 2, denominado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  La modificación se establece reconociendo dos aspectos importantes que tienen que ver con el antes y el después del RDL. Los dependientes reconocidos en grado y nivel antes de la entrada en vigor de esta ley y los reconocidos con posterioridad. En ese sentido dice: Hasta tanto se regule reglamentariamente las cuantías de la asignación a las comunidades autónomas del nivel mínimo de protección previsto en el artículo 9 de la LAPAD, la aportación mínima a los beneficiarios que tengan resolución de grado y nivel de dependencia reconocido a la entrada en vigor de este real decreto-ley 20/2012 serán las siguientes:

Grado y nivel Mínimo de protección
Euros
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2
231,28 €
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 1
157,26 €
Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2
89,38 €
Grado II, Dependencia Severa, Nivel 1
61,34 €
Grado I, Dependencia Moderada, Nivel 2
52,06 €

Para los reconocidos con fecha posterior a la aprobación del RDL:

Grado Mínimo de protección
Euros
Grado III Gran Dependencia
177,86 €
Grado II Dependencia Severa
82,84 €
Grado I Dependencia Moderada
44,33 €

Participación económica de los dependientes en la financiacción del SAAD 
La LAPAD dice que nadie se quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos, pero a partir del RDL 20/2012, los perceptores de ayudas y servicios tienen que contribuir a la financiación del SAAD mediante el copago y en función de la renta y el patrimonio que disponen. Dicho copago se realiza en función de:
  • La capacidad económica mínima de la persona beneficiaria.
  • La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará de forma progresiva, mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica, hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio y se tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según se trate de un servicio o de una prestación económica.
  • Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la LAPAD, dicha prestación se sumará a la cuantía calculada con arreglo a los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del mismo.
  • Las comunidades autónomas o Administración competente, podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas.
La capacidad económica de la persona beneficiaria será determinada siempre en cómputo anual, sin perjuicio del cálculo de su participación en el coste de los servicios.

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