sábado, 12 de diciembre de 2015

Irregularidades en el sistema de copago

El copago consiste en la aportación del usuario al coste de los servicios que recibe. Se estipuló por la LAPAD, pensando siempre en función de la renta y patrimonio del dependiente, pero no se aprobó por Real Decreto como otras cuestiones. Con ello, prácticamente ninguna CCAA lo aplicó en un principio. En la elaboración de la Memoria Económica de la Ley de Dependencia se establecía que podía ser de hasta un 33% del coste total del servicio recibido. Dicha cifra nunca se cumplió y hay CCAA en las que los usuarios nunca aportaron nada al sistema de dependencia, al menos inicialmente.
Existía, por tanto, un vacío legal al respecto,  hasta que, en el Consejo Territorial de julio de 2012, se acordó la forma de medir la capacidad económica de los usuarios, con los mismos procedimientos para todo el territorio. Se trataba de aprobar un Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones, que estableciera los criterios mínimos y comunes para toda España, en función de su renta y patrimonio. Dicho RD no se ha publicado aún. Con dicha medida, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estima que se garantizará la igualdad de los beneficiarios, bajo un modelo más justo, equitativo y solidario.
Así, la aportación del beneficiario está pendiente de regularse por el citado Real Decreto, creando fórmulas proporcionales y progresivas en función del precio de referencia del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario.
Algunas CCAA ya han puesto en marcha el sistema de copago desarrollando normativa en sus respectivas regiones y ya regulan la aportación del usuario. Tienen capacidad para hacerlo tras el Acuerdo del Consejo Territorial de julio de 2012, publicado en el BOE de 3 de agosto de ese año, lo que supone el anteproyecto del RD.
Aplicación del copago
Se hace en función de los servicios que recibe el dependiente y de su renta y patrimonio, no pudiendo superar nunca el coste del 90% del servicio. A medida que aumenta la capacidad económica del usuario aportará más, pero con el tope del 90 % del coste del servicio. Por otra parte, la vivienda habitual únicamente computará en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba atención residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. Si el dependiente se mantiene en su domicilio, la vivienda no computa como patrimonio.
Por otro lado, la LAPAD dice que nadie se quedará fuera del Sistema por no disponer de recursos económicos para cubrir su copago. La capacidad económica mínima de la persona beneficiaria está referenciada a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Quien no supere los ingresos que marca el IPREM (450 euros al mes) no tendrá que aportar nada.
Por otro lado, la LAPAD habla siempre de requisitos mínimos, pero las CCAA podrán establecer medidas complementarias que aumenten la aportación del usuario cuando así lo regule su normativa. En el supuesto de que alguna CCAA utilice el indicador de mínimos exentos de capacidad económica diferente al acordado, y que suponga una condición más ventajosa para los beneficiarios, será financiado con cargo al nivel adicional establecido por dicha CCAA, además de tenerse en cuenta en la liquidación del nivel mínimo de protección.
Incremento de la aportación
El Plan Nacional de Reformas 2013, que el Gobierno del PP envió a Bruselas, reflejaba un incremento en el copago de los beneficiarios del 5 % en tres años. Al respecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirma que el copago puede aumentar, porque existen beneficiarios que no aportan por falta de normativa en sus respectivas CCAA o también porque se puede dar la circunstancia de que ahora su tramo de progresividad haya cambiado.
Renta y patrimonio
Se considera renta los ingresos del beneficiario, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos. Se entiende por patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

No hay comentarios:

Publicar un comentario