miércoles, 20 de enero de 2016

¿Cómo funciona la Ley de Dependencia?

La Ley de dependencia viene a conformar y reconocer un derecho subjetivo para garantizar la autonomía personal de las personas en situación de dependencia. Dicho derecho se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad para todos los ciudadanos españoles dependientes. Se trata de un modelo de atención integral.
La Ley, a su vez, crea la estructura y fija los medios para atender las necesidades de esas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria. Se trata de que alcancen una mayor autonomía personal y puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
En España, un 9% de la población presenta alguna discapacidad o limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades. La Ley de Dependencia surge pues ante esa necesidad de garantizar la autonomía personal a los ciudadanos. Lo hace posibilitando la creación de un marco de asistencia estable de recursos y servicios para las personas dependientes.
¿Cómo se posibilita el derecho?
Creando unos servicios sociales que respondan a la necesidad de atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de su autonomía personal. El objetivo de los mismos según la ley ha de ser facilitar la calidad de vida a las personas dependientes, desde la igualdad de oportunidades.
Para ello, se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que participan y colaboran todas las Administraciones Públicas. La finalidad del mismo es garantizar las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que hace referencia la LAPAD. Digamos que el SAAD sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, y es el encargado de optimizar los recursos públicos y privados disponibles que han de funcionar en el terreno de la dependencia.
A través del SAAD digamos que se dan todas las actuaciones relativas a la dependencia y con ello tres tipos de protección:
  1. La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado.
  2. En un segundo nivel, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la LAPAD.
  3. Un tercer nivel de protección que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno.
En todo ello se requiere, y resulta fundamental para la supervivencia del sistema, que participen todas las Administraciones Públicas (AAPP). Por eso, la LAPAD establece una serie de mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, entre los que destaca la creación del citado Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es el órgano a través del que se administra el funcionamiento de toda la atención a la dependencia.
¿Qué es el SAAD?

Se trata fundamentalmente de un órgano de colaboración interadministrativa. Entre sus funciones figuran las siguientes: 
  • Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley.
  • Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos a las personas dependientes.
  • Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas previstas.
  • Fijar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios (copago).
  •  Fijar el baremo y los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.
  • Acordar planes, proyectos y programas conjuntos.
  • Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema.
  • Facilitar documentos, datos y estadísticas comunes. 
  • Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia.
  • Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.
  • Conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse.
El Sistema, en su funcionamiento, también garantiza la participación de las entidades que representan a las personas en situación de dependencia y sus familias en sus órganos consultivos.
Las AAPP, a partir de su marco competencial, conforman un modelo para la atención a la dependencia. Se trata de un modelo integrado, basado en la cooperación interadministrativa y en el respeto a las competencias de cada una de ellas.
La financiación del SAAD
La financiación del Sistema corre a cargo de la AGE, las CCAA, y el copago de los perceptores de ayudas. La AGE financia a las CCAA con el Servicio mínimo de protección, que vendrá determinado por el número de personas en situación de dependencia que tiene cada CCAA y los servicios y prestaciones que presta ésta según lo establecido en la LAPAD. La AGE financia mensualmente a las CCAA, en función de la información que recibe de las mismas respecto a sus personas dependientes en el Sistema de Información (SISAAD).
Las CCAA son las que cuentan con las competencias en materia de dependencia. Son las encargadas de hacer funcionar al sistema y de procurar su financiación, que consiste en complementar los costes de la dependencia que no son cubiertos por la AGE y el copago de las personas dependientes.
La Ley, entre sus principios, dice que la financiación del SAAD ha de ser estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas.
El Sistema debe encargarse de atender de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia, pero los beneficiarios deben contribuir económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva. Lo harán en función de su capacidad económica y patrimonial y teniendo en cuenta el tipo de servicio que les presta el Sistema y el coste del mismo. Las personas que carezcan de disponibilidad económica serán atendidas igualmente.
El Gobierno, oído el Consejo Territorial, determina el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia. A través de Convenios, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones.
Competencias de las CCAA en la dependencia
  1. Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
  2. Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.
  3. Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de cooperación que procedan para garantizar una efectiva atención.
  4. Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.
  5. Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
  6. Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.
  7. Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.
  8. Aportar a la Administración General del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos.
Las Comunidades Autónomas pueden definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado, para los que podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.
Competencias de las Entidades Locales en la dependencia
Pueden participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
Pueden participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo dispone.
Prestaciones de atención a la dependencia.
Las prestaciones pueden tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
Los servicios tendrán carácter prioritario según la Ley y se prestarán a través de la oferta pública de la red de servicios sociales de las respectivas Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, se incorporará la prestación económica vinculada. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención PIA, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.
El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.
Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las prestaciones y servicios establecidos en la LAPAD se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados, debidamente acreditados.
Las Comunidades Autónomas establecen el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Sistemas para la valoración de la dependencia
Las comunidades autónomas determinan los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el Grado de dependencia con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir.
El Consejo Territorial acuerda previamente unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, deben tener carácter público, aunque no siempre se ha respetado la Ley por las CCAA en este tema.
Grados de dependencia
La situación de dependencia se clasifica en tres  grados: dependencia moderada (cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día); Dependencia severa (cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día) y Gran dependencia (cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona).
Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en un baremo creado al efecto con criterios científicos, más o menos estándar a nivel internacional. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema se hace a instancia del interesado o de quien ostente su representación.

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