lunes, 27 de junio de 2016

¿Qué es el patrimonio protegido?

Muchos padres y familiares de personas discapacitadas o demenciadas han sentido la preocupación o se preguntan permanentemente ¿cómo quedarán jurídicamente mis hijos o familiares discapacitados cuando no estemos para cuidarlos, y quién los protegerá? En ese sentido, el patrimonio protegido es un instrumento jurídico pensado para personas con grave discapacidad física y sensorial o con discapacidad intelectual, cuando quedan solos y son incapaces de hacer frente a las necesidades que les plantea la vida. Con dicha intención se creó la figura jurídica del patrimonio protegido.
El patrimonio protegido fue regulado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, y tras la aprobación de la misma hubo que modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Normativa Tributaria, entre otras cuestiones, para hacer posible a la nueva realidad por la que se trata de proteger y respetar los derechos que asisten a las personas discapacitadas en materia de propiedad patrimonial.
El artículo 49 de la Constitución trata de responder a la especial situación de las personas con discapacidad, ordenando los medios necesarios para que la minusvalía que padecen no les impida el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos reconocen la Constitución y las leyes, logrando así que la igualdad entre tales personas y el resto de los ciudadanos sea real y efectiva. En esa línea se orienta la Ley 41/2003 en lo que se refiere al patrimonio.
Con la misma se permite la designación de unos bienes precisos (dinero, inmuebles, derechos, títulos, etc.) a una persona discapacitada. Se trata de que con ellos, o con los beneficios que pudieran derivarse de su administración, la persona discapacitada pueda hacer frente a sus necesidades vitales ordinarias y extraordinarias.
El objeto inmediato de la Ley 41/2003 es, por tanto, la regulación de una masa patrimonial que queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo la constitución de la misma y la aportación a título gratuito de bienes y derechos para su constitución.
La nueva norma indica que “se entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado en las comunidades autónomas con derecho civil propio, que tienen aplicación preferente de acuerdo con el artículo 149.1.8.a de la Constitución española y los diferentes estatutos de autonomía, siéndoles de aplicación esta ley con carácter supletorio, conforme a la regla general contenida en el artículo 13.2 del Código Civil”.
Decir también que los bienes y derechos que conforman el patrimonio protegido se aíslan del resto del patrimonio personal del beneficiario, si lo hubiera, y quedan sometidos a un régimen de administración y supervisión específico. Se trata, tal y como reconoce la Ley, de un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.
¿A quién se puede aplicar la Ley de Patrimonio Protegido?
Exclusivamente a las personas con discapacidad, afectadas por unos determinados grados de minusvalía y con independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitación judicial contempladas en el artículo 200 del Código Civil y de que, concurriendo, tales personas hayan sido o no judicialmente incapacitadas.
Para constituir dicho patrimonio protegido a su nombre deberán ser siempre personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. Cuando se trata de personas con discapacidad intelectual no se requiere que ésta haya sido reconocida judicialmente. En principio basta con el certificado emitido por los Equipos de Valoración y Orientación (R.D. 1971/1999), aunque es igualmente válida una resolución judicial firme.
¿A quién corresponde la constitución del patrimonio protegido?
Corresponde a la propia persona con discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, a sus padres, tutores o curadores de acuerdo con los mecanismos generales de sustitución de la capacidad de obrar regulados por el ordenamiento jurídico, o bien a su guardador de hecho, en el caso de personas con discapacidad psíquica.
Una vez constituido el patrimonio cualquier persona con interés legítimo puede realizar aportaciones al mismo. Las posteriores puedan hacerse a pesar de la oposición de los padres, tutores o curadores, cuando así lo estime el juez por convenir al beneficiario del patrimonio. En todo caso, las aportaciones de terceros deberán realizarse siempre a título gratuito.
Cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente, no se podrá constituir un patrimonio protegido en su beneficio o hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad.
Cuando la aportación es realizada por un tercero (cualquier persona distinta del beneficiario del patrimonio, incluidos los padres, tutores o curadores, constituyentes del mismo) el aportante puede establecer el destino que a los bienes o derechos aportados deba darse una vez extinguido el patrimonio protegido, determinando que tales bienes o derechos reviertan en el aportante o sus herederos o dándoles cualquier otro destino lícito que estime oportuno. Esta facultad del aportante tiene un límite, ya que la salida del bien o derecho aportado del patrimonio protegido tan sólo podrá producirse por extinción de éste.
La Ley dice que el patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución judicial. Dicho documento público o resolución judicial contemplará un inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido. La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.
Los notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma electrónica avanzada. Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las aportaciones de toda clase, y que se realicen con posterioridad a su constitución.
Medidas de publicidad registral
Cuando la administración del patrimonio protegido no corresponde ni al propio beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal que el administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los actos relativos a éste debe de hacerse constar en el Registro Civil.
En el Registro de la Propiedad también debe constar la condición de un bien o derecho real inscrito como integrante de un patrimonio protegido.
¿Quién administra el patrimonio protegido?
La regla general indica que “todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al régimen de administración establecido por el constituyente del patrimonio, el cual tiene plenas facultades para establecer las reglas de administración que considere oportunas”. No obstante, la administración puede corresponder a entidades sin ánimo de lucro, especializadas en la atención a las personas con discapacidad.
Si el constituyente del patrimonio protegido es el beneficiario del mismo, y a la vez tiene capacidad de obrar suficiente, se aplica sin más la regla general.
Dado el especial régimen de administración al que se sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, la administración del patrimonio no le corresponda a él, sino a una persona distinta, sea porque así lo ha querido la propia persona con discapacidad, sea porque lo haya dispuesto así el constituyente del patrimonio y lo haya aceptado el beneficiario, cuando el constituyente sea un tercero.

Supervisión de la administración del patrimonio protegido
El constituyente puede establecer las reglas de supervisión y fiscalización de la administración del patrimonio que considere oportunas.
La supervisión institucional del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, respecto del cual se prevén dos tipos de actuaciones:
a) Una supervisión permanente y general de la administración del patrimonio protegido, a través de la información que, periódicamente le remite el administrador.
b) Una supervisión esporádica y concreta cuando las circunstancias concurrentes en un momento determinado lo hicieran preciso. El Ministerio Fiscal puede solicitar del juez la adopción de cualquier medida que estime pertinente en beneficio de la persona con discapacidad. El Ministerio Fiscal puede actuar tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales que afecten al patrimonio protegido, aunque no sean instadas por él.
La ley crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, cuya función básica es ser un órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás que reglamentariamente pudieran atribuírsele.
En ella se prevé que participen, en todo caso, representantes de la asociación de utilidad pública, más representativa en el ámbito estatal, de los diferentes tipos de discapacidad.
Extinción del patrimonio protegido.
El patrimonio protegido se extingue por la muerte de su beneficiario o por dejar éste de tener la condición de persona con discapacidad.
Si el patrimonio protegido se extingue por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, se entenderá comprendido en su herencia.
Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por dejar su beneficiario de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2.2 de la Ley 41/2003 éste seguirá siendo titular de los bienes y derechos que lo integran, sujetándose a las normas generales del Código Civil o de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
Esto se entiende sin perjuicio de la finalidad que, en su caso, debiera de darse a determinados bienes y derechos, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de esta ley.
La Ley 41/2003 dice que en el caso de que no pudiera darse a tales bienes y derechos la finalidad prevista por sus aportantes, se les dará otra, lo más análoga y conforme a la prevista por éstos, atendiendo, cuando proceda, a la naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido y en proporción, en su caso, al valor de las diferentes aportaciones.
La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.
El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.
Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine éste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente.
El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes.
Constancia registral
La representación legal a la que se refiere el artículo 5.7 de la Ley 41/2003 se hará constar en el Registro Civil, tal y como lo determina su Ley reguladora.
Cuando el dominio de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se hará constar esta cualidad en la inscripción que se practique en el Registro de la Propiedad correspondiente, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. Si el bien o derecho ya figurase inscrito con anterioridad a favor de la persona con discapacidad se hará constar su adscripción o incorporación al patrimonio protegido por medio de nota marginal.
La misma constancia registral se practicará en los respectivos Registros respecto de los restantes bienes que tengan el carácter de registrables. Si se trata de participaciones en fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, acciones o participaciones en sociedades mercantiles que se integren en un patrimonio protegido, se notificará por el notario autorizante o por el juez, a la gestora de los mismos o a la sociedad, su nueva cualidad.
Cuando un bien o derecho deje de formar parte de un patrimonio protegido se podrá exigir por quien resulte ser su titular o tenga un interés legítimo la cancelación de las menciones o notas marginales.

La publicidad registral de los asientos a que se refiere este precepto se deberá realizar, en los términos que reglamentariamente se determinen, con pleno respeto a los derechos de la intimidad personal y familiar y a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

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